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El gobernador Gavin Newsom conmutará las sentencias de muerte de 548 personas , vaciando el corredor de la muerte de California por primera vez desde que el estado llevó a cabo ejecuciones por ahorcamiento a finales del siglo XIX.
Se trata de un hecho trascendental en la historia de la pena capital en Estados Unidos : estos presos representan más de una cuarta parte de los reclusos condenados a muerte en el país.
Esta es una decisión sobre la que Newsom, un opositor de larga data a la pena de muerte, se ha expresado en términos profundamente personales. En 2019, poco después de asumir el cargo, decretó una moratoria sobre las ejecuciones y posteriormente desmanteló la cámara de ejecución en la prisión estatal de San Quentin. Esto ocurrió tan solo tres años después de que los votantes rechazaran una propuesta para abolir la pena de muerte y, en su lugar, aprobaran una para acelerarlas. En aquel entonces, el gobernador afirmó que no podía ser responsable de la muerte de otra persona.
“Tras casi 30 años en el cargo, he llegado a comprender los límites de lo que el gobierno puede lograr con justicia”, escribió Newsom en una carta del jueves dirigida a “todos los californianos”. “Tomo esta medida porque creo firmemente que el asesinato sancionado por el Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos”.
Su decisión, que ya se anticipaba, ha suscitado duras críticas en las últimas semanas por parte de grupos de víctimas, que argumentan que contradice la postura de los jurados y jueces que han ratificado las sentencias de muerte, así como la de los votantes que han respaldado esta práctica.
“No creo que él ni ninguna otra persona deba anular la sentencia dictada por un jurado y ratificada por un juez debido a sus creencias o sentimientos personales”, declaró la semana pasada Topo Padilla, presidente de Crime Victims United.
Desde 2024, el corredor de la muerte se ha convertido en un lugar simbólico. Los presos varones fueron trasladados de sus celdas individuales en San Quentin y distribuidos entre otros 24 centros penitenciarios . Veinte presas condenadas a muerte fueron trasladadas ese mismo año a la población general del Centro Penitenciario Femenino de California Central.
Incluso antes de la moratoria de Newsom en 2019 , habían pasado más de diez años desde que el estado ejecutara a alguien. Su sucesor, el gobernador electo Xavier Becerra , se ha comprometido a extender la moratoria cuando asuma el cargo. Sin embargo, un reciente intento fallido de ejecución en Tennessee y la sugerencia del gobierno de Trump de realizar ejecuciones televisadas han reavivado el debate nacional sobre la pena capital.
No es inusual que los gobernadores o presidentes conmuten sentencias al dejar el cargo. El entonces presidente Joe Biden conmutó las sentencias de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal en 2024. La decisión de Newsom destaca como el mayor acto de clemencia masiva en la historia de Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Esto ocurre mientras decide si se postulará a la presidencia una vez que termine su mandato a finales de año. Junto con otras medidas emblemáticas de Newsom, como su temprano reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo cuando era alcalde de San Francisco en 2004, podría reforzar su posición entre los demócratas como un actor audaz que impulsa causas liberales, al tiempo que le acarrea críticas del centro y la derecha, así como de los defensores de una política más dura contra el crimen.
Los grupos contrarios a la pena de muerte ya han publicado un anuncio que cita a Martin Luther King Jr. y elogia la decisión de Newsom como “basada en la justicia, guiada por la conciencia y tomada con valentía”. Dan Newman, estratega demócrata que trabaja con esos grupos y también asesora a Newsom, afirmó que el gobernador tomó la decisión sin consultar a su equipo político y que Newsom desconocía la existencia del anuncio.
La mayoría de las decisiones que Newsom tomó el jueves requerirán la aprobación judicial. Para aquellos condenados por múltiples delitos graves —casi 400 presos—, cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema de California deberán dar su visto bueno a las conmutaciones de penas.
Anne Marie Schubert, directora ejecutiva de la Fundación Legal de Justicia Penal y exfiscal, prometió que su organización impugnaría las conmutaciones propuestas por Newsom ante la Corte Suprema estatal. Afirmó que las familias de las víctimas no fueron notificadas de dichas conmutaciones.
«Me parece atroz, irrespetuoso y la violación más grotesca de los derechos de las víctimas que jamás haya visto», declaró Schubert. «Hay 548 personas en el corredor de la muerte. Eso representa nada menos que 548 familias que han sido destrozadas por lo que estas personas les han hecho a sus seres queridos».
Newsom declaró que quienes recibieron sentencias conmutadas no podrán acogerse a las nuevas normas de conmutación y revisión de sentencias de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. Esto aborda algunas de las preocupaciones que los fiscales, los grupos de víctimas y los defensores de la pena de muerte habían expresado antes de la decisión de Newsom: que quienes fueran condenados a cadena perpetua pudieran tener la oportunidad de ser liberados posteriormente.
“Estos delincuentes morirán en prisión, pero no a manos nuestras”, escribió Newsom.
En su carta, afirmó que la decisión es una de las más difíciles de su carrera, “no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede despertar recuerdos dolorosos en las familias de las víctimas”. Añadió que, tras reunirse con ellas a lo largo de los años, consideró conmutar solo algunas sentencias, pero que “intentar distinguir entre delitos y delincuentes para la clemencia crearía inadvertidamente dos clases de víctimas de asesinato: aquellas cuyos perpetradores merecen la pena de muerte y el resto”.
Última ejecución en 2006
California no ha ejecutado a ningún preso desde que Arnold Schwarzenegger fuera gobernador. Tookie Williams en 2005 y Clarence Ray Allen en 2006 fueron los últimos en morir ejecutados en San Quentin.
Newsom heredó un sistema penitenciario muy diferente al de Schwarzenegger, caracterizado por una población reclusa en rápido descenso. Hasta el momento, ha ordenado el cierre de cinco prisiones, incluyendo un centro en Norco que fue clausurado en octubre, y ha transformado San Quentin en un centro de rehabilitación.
Natasha Minsker, exdirectora del Centro de Defensa y Políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de California, afirmó que la pena de muerte es ahora un tema olvidado en la política californiana. «Me sorprende que, cuando hablo con los legisladores y les pido que se opongan a ella, me digan que no tenemos la pena de muerte en California», declaró.
Mary McComb, la ex defensora pública del estado, dijo que desde su primer caso defendiendo a un hombre con discapacidad intelectual acusado de un delito capital, ha encontrado una razón moral para oponerse a la pena de muerte.
“Siempre se puede tener esperanza, pero sin las conmutaciones, no siempre está garantizado que los gobernadores sigan teniendo el valor de (mantener una moratoria)”, dijo McComb.
Según un estudio de la Universidad de Miami sobre las condenas a muerte en California entre 1987 y 2019, la persona con mayor probabilidad de ser condenada a muerte es una persona negra o latina que asesina a una persona blanca. El estudio también reveló que las disparidades raciales eran bastante consistentes en todos los condados de California, aunque los jurados de algunos condados eran más propensos que los de otros a dictar una sentencia de muerte.
Según el estudio, el condado de Riverside impone una proporción desproporcionada de las sentencias de muerte del estado.
“Si bien las diferencias porcentuales reales que se describen aquí son pequeñas dada la rareza de las sentencias de muerte, la magnitud de las disparidades (geográficas) entre los condados es convincente y apunta claramente a varios ‘puntos críticos’ de sentencias de muerte con sesgo racial, especialmente en el condado de Riverside”, escribió el autor del estudio, Nick Petersen.
Ese estudio y otros que hallaron disparidades raciales en las condenas a muerte fueron citados por la defensoría pública estatal, que en 2024 presentó un recurso de amparo ante el fiscal general Rob Bonta, solicitando que el estado dejara de aplicar la pena de muerte en los tribunales o de llevar a cabo las ejecuciones.
Una persona destacada presentó un escrito en apoyo de esa causa: Gavin Newsom.
“California no es inmune a la influencia perniciosa del sesgo racial en la aplicación de la pena de muerte”, escribió Newsom en el informe de 2024. “El sistema de pena capital del país está intrínsecamente ligado al legado de la esclavitud y el terror racial”.
Legado de asesinatos infames
Las conmutaciones de Newsom afectarán a presos condenados por algunos de los asesinatos más notorios del estado, entre ellos Richard Allen Davis, cuyo asesinato de Polly Klaas, de 12 años, conmocionó el Área de la Bahía en la década de 1990; Charles Ng, condenado por matar a 11 personas en las estribaciones de Sierra Nevada en la década de 1980; y Scott Peterson, cuyo asesinato de su esposa Laci Peterson en Modesto acaparó los titulares de la prensa sensacionalista.
En una entrevista previa al veredicto, Marc Klaas, padre de Polly Klaas, declaró que la posibilidad de la conmutación de penas le causaba una profunda preocupación. En 1993, Davis secuestró a Polly mientras ella celebraba una pijamada con amigas en Petaluma y la estranguló. Tenía antecedentes penales, y el caso marcó el inicio de una era de sentencias más severas para los delincuentes y llevó a los políticos a impulsar la ley de los “tres delitos”.
Tras años de apelaciones, Klaas dijo que, en el momento de la moratoria de Newsom, ya había perdido la esperanza de que Davis fuera ejecutado algún día.
“Pero seguía convencido de que él y los demás estarían en el corredor de la muerte de por vida”, dijo. “Es tan desalentador. Me hace sentir fatal y revive todos mis sentimientos personales”.
El caso de Davis es uno de los que Newsom está presentando ante la Corte Suprema para su aprobación.
La hermana de Polly opina diferente. En un comunicado emitido el jueves, afirmó que antes creía que Davis merecía la pena de muerte, pero que llegó a comprender que su asesinato no contribuirá a su recuperación ni a la seguridad pública.
“El sistema les dice a los sobrevivientes que la ejecución es importante para nuestra sanación. No lo es. Es una distracción de lo que realmente necesitamos”, dijo Jess Nichol.
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