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El mayor programa de deportación planificado en la historia de Estados Unidos ha detenido a más de 38,000 personas en California desde febrero de 2025. El gobierno federal adquirió centros de detención, en parte para evitar el escrutinio de los gobiernos locales. Se produjeron protestas contra las detenciones y los centros, y la policía las dispersó con granadas aturdidoras.
El gobernador Gavin Newsom firmó el martes un paquete de leyes de inmigración con las que los demócratas buscan interrumpir el programa de deportación en California, limitar las tácticas de las agencias de control migratorio y exponer a los agentes federales a responsabilidad civil. Es probable que las leyes más importantes sean sometidas a juicio en un tribunal federal.
Estas medidas abarcan desde la prohibición del uso de guantes con descargas eléctricas por parte de los agentes de inmigración hasta la creación de una declaración de derechos para las personas detenidas y la ampliación del poder del Estado para investigar las condiciones dentro de los centros de detención.
Las nuevas leyes llegan en medio de una escalada en el plan de deportación de Trump, con arrestos semanales de inmigrantes que alcanzan nuevos récords en todo el estado.
“Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, dijo Newsom en un comunicado escrito. “Seguiremos protegiendo a nuestra gente, defendiendo el estado de derecho y dejando claro que si el gobierno federal opera en California, le exigiremos responsabilidades”.
El cambio más radical permitiría a cualquier persona demandar a agentes federales por violaciones de sus derechos constitucionales. Según la ley federal, el único recurso legal disponible actualmente para quienes demandan a agentes del gobierno estadounidense es la acción “Bivens” , llamada así por el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1971 en el que un hombre demandó con éxito a agentes antidrogas que violaron su derecho de la Cuarta Enmienda contra los registros e incautaciones ilegales.
Los partidarios del proyecto de ley, al que llaman Ley contra los Reyes , dicen que “cierra esa brecha de rendición de cuentas al proporcionar una vía legal clara para demandar a cualquier funcionario, federal, estatal o local, que viole la Constitución”.
“El ICE y la Patrulla Fronteriza han aterrorizado a las comunidades de California con impunidad. Eso se acaba hoy”, declaró el senador Scott Wiener, el demócrata de San Francisco que redactó la ley, en un comunicado escrito tras la firma de Newsom.
Los opositores al proyecto de ley, entre los que se incluyen decenas de agencias policiales de California, argumentan que la ley no es necesaria y que “fomentará que se cuestionen las acciones de un empleado público realizadas de buena fe”.
Las acciones de los agentes de control de inmigración —incluyendo si actúan dentro del marco de sus funciones al detener o matar a alguien, y si cumplen con las leyes del estado en el que operan— son el centro de las batallas legales entre California y la administración Trump.
Los tiroteos mortales de enero en los que dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, que protestaban contra el programa de deportación de la administración Trump en Minneapolis, pusieron de manifiesto la gravedad de la situación para los demócratas de California, quienes exigían mayor rendición de cuentas por parte de los agentes federales. Decenas de personas han resultado heridas en protestas o cuando los agentes confunden a una persona con un objetivo de deportación.
Cuando una persona desarmada muere a tiros en California a manos de un agente de policía, el fiscal general del estado puede investigar el tiroteo en virtud de un programa de 2020. Newsom promulgó una ley que reproduce esa legislación , pero la aplica a los agentes de inmigración que matan a personas desarmadas.
El programa estatal se enfrentaría a un problema legal inmediato derivado de un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1890 que prohíbe a los estados procesar a los agentes federales del orden público que actúan en el ejercicio de sus funciones. Dicho caso desempeñó un papel crucial a principios de este año cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló en contra de una ley de California que Newsom firmó el año pasado y que intentaba obligar a los agentes federales enmascarados a identificarse.
Otras leyes recientes de California se centran en las condiciones de los centros de detención de inmigrantes. Los detenidos se han quejado de la mala calidad del agua potable, entre otros problemas, la mayoría de los cuales han sido confirmados por investigaciones realizadas por los condados y grupos defensores de los derechos civiles. Los centros de detención privados venden agua en sus comedores, pero los precios son considerablemente más altos.
Una de las nuevas leyes amplía la autoridad de California para investigar los centros de detención privados, un poder que utiliza para realizar revisiones anuales de la atención médica que se brinda dentro de estas instalaciones.
Estas son algunas de las leyes relacionadas con la inmigración que Newsom promulgó:
- Demandas civiles contra agentes federales: El proyecto de ley del Senado 747 , conocido como la Ley No Kings, permite interponer demandas civiles contra agentes por presuntas violaciones de los derechos civiles.
- Prohibición de guantes de descarga eléctrica: El proyecto de ley 2760 de la Asamblea prohíbe a los agentes federales el uso de guantes de descarga eléctrica. Los legisladores impulsaron rápidamente el proyecto de ley en respuesta a informes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas compró miles de estas armas .
- Derechos civiles de los detenidos: El proyecto de ley SB 942 establece una declaración de derechos para las personas recluidas en centros de detención de inmigrantes, que incluye el acceso a la atención médica y a alimentos saludables.
- Investigaciones estatales: El proyecto de ley SB 1399 amplía una ley que faculta a las agencias estatales para investigar las condiciones en los centros de detención de inmigrantes.
- Llamadas al 911: El proyecto de ley SB 423 exige que las agencias gubernamentales divulguen los detalles de las llamadas de emergencia provenientes de los centros de detención de inmigrantes. Este proyecto de ley surgió a raíz de un reportaje de CalMatters sobre presuntas agresiones sexuales en el Centro de Detención de Otay Mesa.
- Acceso a la propiedad estatal: La ley AB 1807 prohíbe a los agentes de inmigración utilizar propiedades que pertenecen al estado.
- Investigaciones de tiroteos: La ley AB 1806 exige que los fiscales estatales investiguen los tiroteos perpetrados por agentes federales de inmigración.
- Control de multitudes: La ley SB 937 prohíbe a las fuerzas del orden utilizar granadas aturdidoras para disolver protestas.
La reportera de CalMatters, Wendy Fry, contribuyó a este artículo.
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